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Toda la especie humana
o somos inmigrantes
o somos descendientes de inmigrantes

Bob Sutcliffe
 

El pasaporte es más importante
que el hombre

B. Brecht
 
 
 

"Apartheid bajo el plástico". En estos términos describe Victor Ángel Lluch en Le Monde diplomatique la situación en que viven los inmigrantes en el poniente almeriense y que alcanzó notoriedad internacional con la explosión de violencia racista en El Ejido entre el 5 y el 7 de febrero de 2000 (Lluch, 2000). Racismo, guetización, formas de explotación rayanas en la esclavitud, irresponsabilidad, cuando no complicidad de los cargos públicos y de las fuerzas de seguridad, etc.: la prensa internacional se hacía eco de una cara de España poco acorde con la cultivada autoimagen de modernidad e integración europea que fuerzas políticas y medios de comunicación proclaman a bombo y platillo de modo permanente (Goytisolo/Naïr, 2000: 207).

Resulta muy llamativo que una región que había vivido secularmente sumida en la miseria y la pobreza, que había conocido la emigración como única forma posible de escapar a las mismas, se haya convertido en el transcurso de dos décadas y gracias al cultivo intensivo en invernaderos en una de las comarcas más prósperas de España --El Ejido es el municipio de mayor renta per cápita de la Península-- y en receptora de inmigración. En cualquier caso, el "milagro" del poniente almeriense no hubiera sido posible sin la contribución de los trabajadores inmigrantes, fundamentalmente del Magreb, que desde finales de los 80 y de modo numéricamente creciente vienen trabajando en la zona en condiciones realmente indignas (Chattou, 2000). A falta de unas políticas adecuadas de regulación del mercado laboral agrícola y de integración de la población inmigrante, en ausencia de una cultura moral y un sentido de la ciudadanía verdaderamente democráticos, se ha impuesto la lógica nuda y salvaje del mercado, de los beneficios a corto plazo, emparejada con el rechazo del "otro" y el racismo económicamente rentabilizado. Agricultores convertidos en poco tiempo en empresarios, empresas agrícolas y multinacionales de pesticidas, semillas y fertilizantes, entidades bancarias y administraciones públicas..., en una cooperación perversa, se han servido de los inmigrantes como puras mercancías carentes de los más elementales derechos sociales y ciudadanos y generado así una situación políticamente injustificable y socialmente insostenible de explotación laboral y de segregación inhumana, agravada de modo recurrente por brotes de violencia racista (Sánchez Miranda, 2000a).

No se trata de "un caso aislado", como a veces se dice desde instancias políticas para combatir el alarmismo, sino de un síntoma de las transformaciones sociales que han tenido lugar en España en el último cuarto de siglo y del modo cómo han tenido lugar dichas transformaciones; en nuestro caso, del modo cómo se ha producido la integración de la agricultura hortofrutícola española en la nueva división internacional del trabajo promovida por el capitalismo globalizado (Bonnano, 1994), la salarización del sector primario y el mantenimiento de la inestabilidad del mercado de trabajo en dicho sector y el papel asignado en el mismo a grupos especialmente vulnerables a la discriminación como las mujeres y los inmigrantes (Martínez Veiga, 1997: 200ss). Sin olvidar, por supuesto, el desequilibrio entre el progreso material y técnico, por un lado, y la desintegración ético-cultural, por otro, que caracteriza la última modernización española (Goytisolo/Naïr, 2000: 183).

Es más, aventurando una mirada al panorama internacional que nos permita comprender el caso español y el conjunto de factores implicados en el mismo, el fenómeno social de la inmigración puede ser visto como un catalizador de las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales que definen la situación de las sociedades consideradas desarrolladas y su relación con las propias minorías excluidas y las mayorías empobrecidas que pueblan el planeta. La inmigración posee, pues, un valor fundamental a la hora de desentrañar la estructura del sistema mundial contemporáneo (Col. Ioé, 1999: 14s).

1. PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN:
CLICHÉS Y REALIDAD

Quisiera empezar este acercamiento interpretativo al fenómeno migratorio tematizando algunos aspectos de la percepción que domina tanto en los contextos políticos como en la cotidianidad, que es tanto como decir de la percepción que convierte a la inmigración en un problema (Canals, 1999).
 

El cliché de la "invasión"

Si hacemos caso a las declaraciones de los gobiernos y a los titulares de ciertos medios de comunicación, Europa se encuentra sometida a una presión migratoria sin precedentes, que desborda todas las posibilidades razonables de integración de los inmigrantes. Los términos invasión, avalancha, oleada, riada, etc., usados con machacona insistencia, son eficaces transmisores de esa forma de percibir la inmigración, que una vez asentada y consolidada puede asegurar el respaldo social a las políticas restrictivas supuestamente dirigidas a contener y limitar los flujos migratorios. La percepción dominante es que Europa está sometida a una presión migratoria proveniente del Tercer Mundo que resulta imposible de asimilar (Pajares, 1998: 235ss). Pero una percepción así está guiada por intereses que deforman y enmascaran la realidad de los flujos migratorios (Martínez Veiga, 1997: 222).

No conviene olvidar que durante cuatrocientos años la mayoría de los emigrantes fueron europeos (Emmer, 1992). Si tenemos en cuanta este dato, comprenderemos hasta qué punto es el clima anti-inmigración el que hace percibir las migraciones como un fenómeno de especiales magnitudes en el presente, cuando en términos comparativos son menores que en otras épocas históricas (Sutcliffe, 1998: 56s). Es más, ni siquiera los países desarrollados soportan una presencia mayor de inmigrantes que los países en desarrollo, pues de los 125 mill. de personas que en 1995 vivían fuera de su país de origen, 57,5 lo hacían en los primeros y 67,5 en los segundos (Blanco, 2000: 47). Y en todo caso, durante 30 años (1960-1989), sólo «alrededor del 1% de la población del Tercer Mundo ha migrado a los países desarrollados y ... esta migración sigue con un ritmo de un 0,0375% (1 por cada 6.000) por año. Vista de esta manera, la inmigración es muy pequeña. Las mismas cifras desde el punto de vista de los países receptores suponen un aumento de su población de un 0,2% por año» (Sutcliffe, 1998: 61). De modo que la idea de un flujo masivo de inmigrantes del Tercer Mundo a los países desarrollados no parece justificada.

En el contexto europeo, España registra uno de los porcentajes más bajos con 2,7% de población extranjera, muy lejos del grupo de países con una presencia significativa de extranjeros que oscila entre el 4 y el 10% (Reino Unido, Suecia, Holanda, Francia, Bélgica, Austria y Alemania). El porcentaje de inmigración del Tercer Mundo varía de un país a otro. En Alemania el 28% proviene de Turquía. En Bélgica el 14,7% viene de Marruecos. En Austria el 20,3% ha llegado de Turquía. En Francia los dos grupos más importantes son el argelino (17,1%) y el marroquí (15,9%). En el Reino Unido el 23,7% de los inmigrantes son asiáticos y en Holanda un 20% son marroquíes y un 16,9% son turcos (Gil Araujo, 2000: 131; Fassmann/Münz, 1996).

Aunque no se puede negar que en España se han producido cambios importantes en el fenómeno migratorio, eso no justifica el cliché de invasión que domina la percepción social del mismo. Todavía el número de españoles residentes en el extranjero supera los 2 mill., mientras que los extranjeros residentes en España son poco más de 900.000. Es cierto que en las últimas décadas se ha vivido una inversión migratoria, un cambio en los flujos, pasando de ser un país de emigración a ser receptor de inmigrantes (Izquierdo, 1996: 211ss; Domingo/Osácar, 1999: 91ss.). Y también es verdad que el grupo que ha experimentado un crecimiento mayor en los años noventa ha sido el marroquí (Comisión, 1997: 28). Pero teniendo en cuenta los últimos datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno para Extranjería, finalizado el proceso de regularización abierto por la LO 4/2000, en el que se han tramitado cerca de 250.000 solicitudes, de las que han sido aceptadas hacia finales del 2000 unas 137.454, los ciudadanos comunitarios constituyen todavía el 45% de residentes extranjeros, aunque entre los no comunitarios los marroquíes son el grupo más numeroso (194.099), seguidos de los chinos (30.958), ecuatorianos (28.773) y colombianos (26.650).

Con todo, los marroquíes, que según el Estudio 2.214 del CIS de junio de 1996 son aquellos en quienes de manera inmediata piensan los españoles cuando se habla de inmigrantes (Carrasco, 1998: 16), apenas llegan a un 0,5% del conjunto de la población en España. Esto no está en contradicción con el hecho de que, debido a la diferente concentración regional de los inmigrantes según nacionalidades y a las diferencias fenotípicas que permiten una más clara identificación de la población extranjera africana frente a la de origen europeo, en ciertas zonas se tenga la impresión subjetiva de una presencia masiva, mientras que en otras quizás falte dicha percepción. Basta con comparar dos comunidades autónomas como Baleares y Murcia: la primera, con una densidad de extranjeros sensiblemente mayor (4,5% frente 2%), no suele asociarse con una problemática inmigratoria, dado que el 76,01% de los no nacionales procede de Europa, mientra que en Murcia el 64% procede de África (Col. Ioé, 2000a: 85). Como veremos, esto no depende tanto del número global de inmigrantes, cuanto de la segmentación del mercado laboral y de la forma de inserción en el mismo de la población extranjera (Ramírez, 1996).
 

El cliché de la "ilegalidad"

Junto a la percepción del fenómeno migratorio como invasión e indisociable de ella está su vinculación con la ilegalidad, lo que ha contribuido de modo determinante a una estigmatización social de los inmigrantes, convertidos de modo general en sospechosos. Esto se debe, en gran medida, al enfoque adoptado por la UE frente a la inmigración, centrado en el control fronterizo y policial, como pone de manifiesto la atribución de competencias fundamentales a los Ministerios de Interior. Las cuestiones dominantes en las políticas migratorias son el control de los que residen en el país y su regularización, la expulsión de los irregulares o irregularizados y la impermeabilización de las fronteras para que no lleguen más inmigrantes. El eslogan más difundido es: "lucha a la inmigración ilegal", aunque aparezca a veces acompañado de la proclamación de buenas intenciones respecto a la integración de los "legales". Pero ni las políticas que intentan restringir las afluencias reducen la mal llamada "ilegalidad", ni se ha demostrado una relación entre mayor control y mejor integración (C. Mayeur, 1997).

Más bien son las políticas restrictivas las que definen y fomentan la "ilegalidad", que no puede ser vista como una realidad ajena a las normativas estatales (Gil Araujo, 2000: 134; Solé, 1997: 28). Frente a la percepción común de que la mayoría de inmigrantes se introduce en el país por caminos ilegales controlados por mafias sin escrúpulos, tal como refuerzan a diario en el caso español las imágenes televisivas de las pateras y los polizones interceptados, y sin negar la existencia de dichas mafias, sus métodos más o menos abyectos y sus ganancias crecientes (Stalker, 2000), sin embargo, «más del 80% entran de manera legal, como turistas o estudiantes, o con un visado temporal para llegar a Francia o Italia u otro país europeo, incluido España, para visitar un familiar» (Checa, 1999: 21). La situación irregular se produce con posterioridad, ya en el país, por prolongación de la estancia una vez cancelado el visado. Además, también los establecidos legalmente en él durante más tiempo pueden ver cancelada la legalidad de su estancia, ya que para la mayoría la renovación del permiso de residencia depende de requisitos como el permiso de trabajo, condicionado a su vez por la tenencia o no de un contrato de trabajo congruente con él, un domicilio, etc. De modo que la no renovación automática y el límite temporal de los permisos de residencia y de trabajo, así como la vinculación entre ambos y las dificultades o la lentitud administrativas para las tramitaciones de dichos permisos, son la causa fundamental de "re-ilegalización" de los previamente considerados "legales" (López/Ramírez, 1997: 53; para un análisis pormenorizado de la irregularidad, cfr. Col. Ioé, 1999: 92ss).

Se impone la observación de que la política migratoria está estrechamente unida a la política económica y al fenómeno de la economía llamada informal, lo que queda patente en el desequilibro resultante del diferente peso administrativo de los controles fronterizos respecto a las inspecciones de los lugares de trabajo o de las medidas de expulsión de los trabajadores extranjeros "irregulares" respecto de las sanciones a los empresarios que infringen la ley. El control basado en la exteriorización y criminalización de los inmigrantes como trabajadores "ilegales" es un instrumento clave del Estado en el proceso estructural de expansión y transformación del sistema capitalista mundial. Podría hablarse incluso de una "funcionalidad" económica de la "ilegalidad" (Ambrosini, 1998: 136), pues la "irregularidad" de los inmigrados facilita su sobreexplotación, reduce los costes de contratación, fragiliza su posición negociadora frente a patrón y debilita sus posibilidades de oposición a condiciones laborales draconianas e injustas, ahorra costos estatales, a pesar de que los inmigrantes contribuyan a las arcas del Estado al menos con los impuestos indirectos, dificulta sus posibilidades de organización y reivindicación, etc. (Solé, 1997: 32ss), aunque también los "regularizados", dada la precariedad del estatuto legal de muchos de ellos, se ven a veces sometidos a condiciones similares. En todo caso, es importante resaltar que la integración de los trabajadores inmigrantes en la economía sumergida supone la preexistencia de ésta, por mucho que ambas realidades se refuercen mutuamente (Col. Ioé, 1998: 42), y no puede verse en la inmigración una "causa" de la economía informal.
 

El cliché de la "criminalidad"

También forma parte de la asociación entre inmigración e "ilegalidad" su vinculación con la criminalidad. La estadísticas oficiales al respecto suelen referirse a "detenciones", pero reflejan el número de actuaciones policiales, lo que no debe ser confundido con el número de personas que supuestamente delinquen, ni debe ser tomado como un indicador de delincuencia sin más, ya que la mayoría de las detenciones no tiene como causa la comisión de un delito o falta. En 1997 el 58,6% de las detenciones se debió a la falta de documentación administrativa y el 6,6% a que las personas estaban reclamadas en otros países. Según el Colectivo Ioé, dejando fuera esos supuestos "delitos", tendríamos un índice del 4% de detenciones sobre el conjunto de extranjeros. Los delitos considerados importantes, como las agresiones sexuales, los asesinatos, homicidios o lesiones, representaban en 1997 sólo 5,2% del total y sorprendentemente entre los detenidos por esta causa no sobresalen los inmigrantes del sur, sino los del Reino Unido (12,2%) y Alemania (8,2%), aunque también China Popular (9,6%), Perú, Polonia y Rumania (más del 7%). En 1996 tan sólo el 4% de los detenidos extranjeros estaba relacionado con delitos de tráfico de drogas. En todos estos casos el grupo más significativo de inmigrantes del Tercer Mundo, los marroquíes, carece de relevancia estadística. Por último, la sobreproporcionalidad de extranjeros condenados (5-6% sobre 2%) no puede ser tomada como índice de una mayor criminalidad, como demagógicamente pretenden algunos, ya que las poblaciones de referencia, los extranjeros y la población autóctona, presentan diferencias demográficas y sociales que invalidan dicha significación (Col. Ioé, 1999: 86ss).
 

El cliché de la "competición en el mercado de trabajo"

Una última cuestión que merece ser mencionada en relación con la percepción social del fenómeno migratorio tiene que ver con la posible competición en el mercado de trabajo entre nativos e inmigrantes. Lo primero que cabe decir al respecto es que queda descartada una relación causa-efecto entre inmigración y paro. Ha habido momentos de alto nivel de inmigración y pleno empleo en muchos países de Europa. Todavía hoy los países con más índice de paro son los que reciben menos inmigración (España) y viceversa, los que tienen un mayor número de inmigrantes poseen un índice de paro más bajo (Suiza) (Sutcliffe, 1998: 84). Sin embargo, esto no significa que la llegada de inmigrantes no produzca una presión a la baja sobre los salarios y una sustitución de los nativos en determinados tipos de trabajo. Lo que haya de realidad en ello tiene reflejo en ideas de tipo popular que consideran falsamente que el número de puestos de trabajo es fijo y que los inmigrantes "les quitan el trabajo a los nativos" (Canals, 1999: 79).

A pesar de su posible rentabilidad política, una visión tan simplificadora no se sostiene desde el punto de vista económico, pues ni el número de puestos de trabajo es una magnitud fija, ni el mercado de trabajo es un todo uniforme donde los oferentes de mano de obra compiten entre sí sin ningún tipo de trabas. Existen indicios de peso sobre el efecto dinamizador de la migraciones sobre el conjunto de la economía y, por tanto, sobre la creación de empleo, sobre la contención de los niveles salariales y de inflación en períodos de crecimiento, etc. (Martínez Veiga, 1997: 231; Simon, 1998). Por otro lado, la teoría del dualismo del mercado de trabajo propuesta por Piore a comienzos de los setenta puso de manifiesto la segmentación de dicho mercado y la existencia de factores discriminatorios ("raza", género, etc.) que, independientemente de formación y cualificación, dificultan y obstaculizan el acceso de determinados sectores de población a segmentos del mercado laboral mejor retribuidos, con más estabilidad y prestigio reconocido. De este modo se produce una dualización de dicho mercado que impide que los trabajadores inmigrantes y los nacionales compitan entre sí, dado que actúan en segmentos bastante separados, aunque trabajen en el mismo sector o incluso en las mismas empresas (Castles/Kosack, 1984: 550). Los trabajos realizados por los inmigrantes, o al menos por la retribución por la que éstos los realizan, no son deseados por los nativos, que o bien previamente los han rechazado, lo que genera la demanda de inmigración, o bien ascienden en la escala de segmentos con la llegada de los inmigrantes. Esto explicaría la etnoestratificación del mercado laboral y la concentración étnica o nacional en ciertos trabajos.

Posiblemente sea necesario matizar esta teoría de la dualización, ya que los factores que hacen más o menos apetecible un trabajo determinado (salario, estabilidad, status, etc.) no siempre son acumulativos y se diferencian notablemente de un sector a otro (p.ej., servicio doméstico, agricultura, etc.) y dentro de los mismos tipos de trabajos. Además, los mecanismos de asignación de empleo son bastante complejos y en ellos intervienen no sólo la regulación jurídica, sino también las redes sociales, incluidas las de los inmigrantes y las de éstos con sus empleadores (Herranz, 2000; Martínez Veiga, 1998). Pero lo que sí parece razonable afirmar es que un mercado fuertemente segmentado genera «nichos más o menos cerrados, que constriñen a ciertos colectivos a pugnar por una gama limitada de empleos» (Col. Ioé, 1999: 104). La competición con los nativos se produciría sobre todo cuando después de un período en el que los inmigrantes ocupan reductos étnicos a los que se ven asignados de entrada, los abandonan para competir en segmentos ocupados fundamentalmente por nativos.

2. ASPECTOS DEL FENÓMENO MIGRATORIO
Y CLAVES TEÓRICAS PARA COMPRENDERLO

El fenómeno migratorio posee múltiples dimensiones (demográfica, económica, social, cultural, individual, de género, etc) que deben ser tenidas en cuenta, si no se quiere caer en simplificaciones reductoras.
 

El factor demográfico

Aunque el factor demográfico no siempre juega un papel determinante (pensemos p.ej. en las migraciones del Europa del Este a la UE), no cabe duda de que en muchos casos sí resulta significativo. La cuenca del Mediterráneo es un ejemplo paradigmático al respecto. El Magreb se encuentra en plena transición demográfica. Mientras que la población de la UE se multiplicará por 1,3 entre 1950 y 2020, el Magreb multiplicará la suya por 5 en el mismo período (Lorca/Alonso/Lozano, 1997: 60). Si se cumplen las previsiones en ese espacio de tiempo la relación de población entre España y Marruecos dará un vuelco de 3/1 a 5/6. Esto supone de este lado del Mediterráneo un previsible envejecimiento de la población con los consiguientes problemas asociados: desequilibrio de flujos en el mercado de trabajo, crisis del sistema de pensiones, sobrecarga del sistema de salud y seguridad social, etc. Del otro lado un crecimiento de la presión demográfica y las dificultades que se deriven de la incapacidad del sistema económico y social de dar respuesta satisfactoria a las necesidades de reproducción de la vida de la población: despoblación rural, hacinamiento urbano, paro, conflictos sociales, etc. En relación con esto la migración puede aliviar la presión en el sur y mitigar la falta de población en el norte, pero también supone una pérdida para los países emisores de las capas de edad más dinámicas y emprendedoras y plantea a los países receptores la necesidad de una redefinición del pacto social intergeneracional que resulta incompatible con las dificultades que se vienen poniendo a la integración social de los inmigrantes.
 

La dimensión económica

En el plano económico habría que tener en cuenta en primer lugar las desigualdades que dividen al mundo entre una minoría privilegiada y la inmensa mayoría empobrecida. «La desigualdad entre el quinto de la población mundial que vive en los países más ricos y el quinto que vive en los países más pobres era de 74 a 1 en 1997, superior a la relación del 60 a 1 de 1990 y la de 30 a 1 de 1960» (PNUD, 1999: 3; cfr. Zamora, 1999: 158s). Las desigualdades se dan, además, en muchos casos entre países separados tan sólo por una línea fronteriza: EE.UU. y México, Alemania y Polonia, la Unión Europea y el Magreb, etc. Mientras que en EE.UU. los inmigrantes reciben 278 dólares por una semana de trabajo, en México sólo recibirían por el mismo trabajo 31 dólares (Gil Araujo, 2000: 115). La denominada globalización económica está presidida por la asimetría entre zonas productivas, con abundante información y riqueza y otras zonas con economías devaluadas, abundante pobreza y exclusión social.

En el caso de los países del Magreb, los procesos económicos están caracterizados por graves problemas estructurales y muestran los síntomas habituales de un desarrollo altamente dependiente del mercado mundial: dependencia de las inversiones extranjeras, alto endeudamiento, distribución desigual de la riqueza, pobreza severa y creciente desempleo. El sector industrial está muy débilmente desarrollado, mientras que el sector servicios, sobre todo las actividades tradicionales poco productivas, representa una parte muy importante del PIB en los tres Estados del Magreb (en 1997, 37% en Argelia, 44% en Marruecos y 52% en Túnez). La falta de posibilidades para obtener un sustento en las zonas rurales lleva a la emigración de los jóvenes a las ciudades, en las que a pesar del elevado paro al menos se tiene la esperanza de encontrar un trabajo en el sector informal. El 57% de los argelinos, el 54% de los marroquíes y el 63% de los tunecinos vivían ya en 1997 en las ciudades. Tanto en las zonas urbanas como en las rurales la tasa de paro es muy alta. En 1997 Argelia tenía una tasa del 28%, Marruecos del 20% y Túnez de 15,6%, aunque estas cifras se elevarían considerablemente si se tuvieran en cuenta las personas infraocupadas en el sector informal. El paro juvenil representa en cualquier caso un problema muy grave, que no sólo afecta a individuos con una escasa formación, sino crecientemente a personas cualificadas y con formación superior.

Por otra parte, en las economías de los países más ricos existe una tendencia a la segmentación de la fuerza de trabajo con múltiples manifestaciones: el desempleo, la subproletarización de una parte de la mano de obra con una relación sólo esporádica con el mercado de trabajo, la precarización de una parte importante del empleo debida, por un lado, a la creciente externalización empresarial de las actividades por medio de la proliferación de sistemas de subcontratación bajo control centralizado y con acaparamiento de los beneficios por los grandes grupos empresariales y, por otro, a la flexibilización y el crecimiento de la temporalidad, la pérdida de capacidad negociadora de los trabajadores, la dualización y polarización del escalafón profesional, con un nivel directivo y de gestión perceptor de ingresos de lujo y unos nivel inferiores que ven disminuir desde hace décadas su participación en la apropiación de la plusvalía generada por el trabajo, etc.

Otro de los aspectos importantes de estas economías en relación con la inmigración es la economía sumergida. Existen ramas económicas como la agricultura, la hostelería-restauración y los servicios menos cualificados (limpieza, servicio doméstico, etc.), en los que la incidencia de la economía sumergida es muy elevada. España es uno de los países de la Unión Europea con más economía oculta. Y no cabe duda que entre ésta y el empleo degradado existe una relación de mutua implicación. La irregularidad conlleva desprotección jurídica, social y sindical de los trabajadores (Col. Ioé, 1999: 103). Dada esta situación del mercado de trabajo, la inserción laboral de la mayoría de los inmigrantes se viene produciendo en las ramas económicas con más incidencia de la economía oculta y en los segmentos de empleo más precarios y descualificados, con mayor grado de irregularidad y más desprotegidos jurídica, social y sindicalmente. Si existe una tendencia general a la precarización del empleo puede decirse que los inmigrantes representan la avanzadilla de dicha precarización. Y lo mismo cabe indicar respecto del desempleo, que los inmigrantes sufren con mayor fuerza (Lorca/Alonso/Lozano, 1997: 145).

La repercusión de las migraciones sobre las economías de los países emisores y receptores es difícil de determinar y, en todo caso, ambigua. Se suele hacer referencia a las "remesas" que los inmigrantes envían a sus familias residentes en los países de origen. Si se tienen en cuenta los envíos por canales oficiales y las entradas por otras vías, los bienes llevados por los propios inmigrantes, etc. se podría estimar el valor de las remesas en unos 50.000 mill. de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente a la ayuda oficial que reciben los países en desarrollo y es mucho más que la inversión directa del capital exterior (Sutcliffe, 1999: 132). Para estos países las remesas se han convertido en una de las principales entradas de divisas. Pero los recursos disponibles de esta manera pueden destinarse a gastos corrientes, a la compra de bienes de consumo, lo que, dada la dependencia comercial exterior, supondría de nuevo una salida de los flujos de renta. El peligro que acecha en este caso es el crecimiento de la inflación. Sin embargo, no debe despreciarse el efecto de la dinamización del consumo sobre toda la economía. Además, no todos los recursos se destinan al consumo. También se invierte en el apoyo a negocios familiares, en la modernización de las estructuras productivas en las que se encuentran insertas las familias de origen, en la construcción de viviendas en el lugar de origen o en la creación de negocios propios después del retorno. Pero no sólo las remesas son relevantes desde el punto de vista económico. Hay que valorar asimismo la pérdida de recursos humanos que supone la emigración para los países emisores, también la de cuadros dirigentes que carecen de perspectivas en ellos, lo que suele conocerse como "fuga de cerebros" (Goytisolo/Naïr, 2000: 46).

En los países receptores la inmigración también tiene efectos económicos ambiguos. Aporta mano de obra y recursos humanos, posibilidades de modernización y rentabilización de sectores y ramas económicas que sin la explotación de mano de obra inmigrante perderían el tren de la competencia en el mercado global, mayor contribución al sostenimiento del gasto social que uso efectivo de recursos educativos, sanitarios, sociales, etc. en relación con la población en general, presión sobre la población nativa hacia segmentos más altos del mercado laboral, etc., aunque se incrementa el gasto por desempleo, que afecta más a los inmigrantes, se deterioran las condiciones salariales y de trabajo en las ramas económicas donde éstos están más presentes y se retroalimentan las dinámicas perversas de la economía sumergida. En todo caso, la rentabilidad económica de la inmigración para los países receptores está unida a la sobreexplotación y la discriminación social de los inmigrantes y tiene efectos sociales no deseables desde un punto de vista ético-político sobre el conjunto del mercado de trabajo.
 

Los aspectos culturales

Los aspectos culturales del fenómeno migratorio son indisociables del proceso de mundialización. Junto al turismo, los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, la venta a escala planetaria de productos culturales o de consumo, con sus campañas promocionales, etc., las migraciones contribuyen a multiplicar los contactos y las interacciones culturales a escala mundial.

Por un lado, asistimos vía globalización a una cierta homogeneización cultural, a una importante eliminación de diferencias locales y temporales significativas, a la expansión de un modo de vida, el de la cultura popular norteamericana, etc. Un rasgo central de la economía cultural global es el solapamiento y entrecruzamiento entre economía de la información y cultura del consumo de masas, que encuentra su vínculo de unión en la industria del entretenimiento y de los mass media. A pesar de todos los calificativos encargados de señalar la novedad de dicha economía, la ocupación progresiva del ciberespacio por los consorcios mediáticos transnacionales está inserta en la tradición de las conquistas coloniales de la autodenominada época de los "descubrimientos".

Y la realidad es que amplias capas de población de los países empobrecidos se encuentran en las posiciones inferiores de la estructura social correspondiente: dominadas, dependientes, excluidas socialmente, etc. El contacto con la civilización occidental se produce frecuentemente en conexión directa con la sustitución o disolución de los marcos tradicionales de vida y sus modelos culturales y de comportamiento. Ese contacto afecta pues a seres humanos conformados por su procedencia y su memoria y va acompañado a menudo de discriminación, coacción a la asimilación y circunstancias de vida injustas en el nuevo marco de referencia. Por todas estas razones no parece aventurado afirmar que el proceso de expansión cultural de occidente tiene un efecto directo sobre la predisposición a emigrar, al favorecer el desarraigo y al universalizar patrones de consumo y estilos de vida y crear expectativas difícilmente cumplibles en los países en desarrollo.

Sin embargo, asistimos al mismo tiempo a un crecimiento de la afirmación de pertenencias comunitarias, sean de carácter étnico o religioso, que quizás representa una reacción defensiva y, en muchos casos, como afirma Castells, «la exclusión de los exclusores por los excluidos» (1998: 31). En cierta medida se trata de un movimiento de defensa frente a los mencionados procesos de destrucción de las bases tradicionales de la vida social, frecuentemente unidos a procesos de colonización cultural y modernización traumática y pauperizadora que genera frustración social y desarraigo. Dicha afirmación identitaria ofrece un fuerte sentido de pertenencia, un "nosotros" claramente definido frente a los "otros", los "enemigos",... Para ello se recurre a los mitos del origen, a la tradición supuestamente incólume y a la autoridad carismática como fuentes de seguridad y orientación, conseguidas al precio de la intolerancia. Aunque esto pueda parecer contradictorio con los rasgos del proceso de globalización cultural descrito anteriormente, no es más que su reverso.

En este contexto de tensión entre tendencias de homogeneización cultural y afirmación reactiva de las identidades étnicas y religiosas, las migraciones han tenido un efecto deshomogeneizador sobre las sociedades receptoras. Términos tan en boga como "conflicto étnico", "multiculturalismo", "interculturalidad", "mestizaje", etc. reflejan entre otras también la contribución de los grupos de inmigrantes cultural y étnicamente diferentes a la diversidad cultural imperante en las sociedades modernas avanzadas. La discriminación legal, social y laboral que viven la mayoría de inmigrantes en los países donde residen ha ido reforzando cada vez más su resistencia a las pretensiones asimilatorias de las culturas dominantes. La demanda de reconocimiento de la identidad forma parte ya de las reivindicaciones irrenunciables de los inmigrantes frente a las sociedades receptoras, lo que en vez de ser reconocido por éstas como una oportunidad histórica de mutuo enriquecimiento se ha convertido en una fuente de conflictos.
 

Las diferencias de género

Otro de los aspectos importantes del fenómeno migratorio que no debe ser pasado por alto es el de las diferencias de género. Dentro de la migración laboral existen tipos diferentes de trabajo vinculados a roles masculinos o femeninos, estrategias de captación y filtros legales distintos para hombres y mujeres, criterios selectivos y circunstancias familiares específicas en los países emisores, etc. En Asia, por ejemplo, encontramos países como Sri Lanka con un altísimo porcentaje de emigración femenina y otros con un porcentaje significativo como Filipinas, mientras que otros países ponen trabas, a veces incluso legales, a dicha emigración, como Pakistán. También existe un predominio de las mujeres en la migración desde América Latina. Las migraciones laborales femeninas están asociadas sobre todo con actividades como el servicio doméstico, el de limpieza, la prostitución, etc. Existe además un número importante de mujeres que emigran como dependientes de los varones que son los migrantes primarios. En muchos países, las restricciones impuestas a la inmigración legal junto a las medidas de reagrupación familiar están provocando un mayor crecimiento de las inmigrantes regulares. Pero es posible que se esté produciendo también un crecimiento de inmigración laboral femenina independiente, cuyas causas sería necesario investigar en detalle, desde la descomposición de las estructuras familiares tradicionales y la necesidad de asumir el sostenimiento de las cargas familiares por parte de las mujeres, hasta el cambio de actitud de las familias emisoras debido a la mayor fidelidad de éstas en el envío de remesas, pasando por la búsqueda de las propias mujeres de formas de vida independientes imposibles de realizar en el ambiente de origen. «Independientemente del balance entre efectos positivos y negativos, es importante constatar que la inmigración y sus reglas, en muchos sentidos, refuerzan la situación dependiente de la mujer» (Sutcliffe, 1998: 131).
 

Teorías sobre el fenómeno migratorio

Después de este repaso somero por algunos de los aspectos del fenómeno migratorio, nos acercaremos a las teorías que tomando uno de ellos como aspecto clave o integrándolos de alguna otra manera intentan dar un explicación global de las migraciones. Aunque «actualmente no hay una sola teoría coherente sobre migración internacional» (Massey et al., 1993: 432), sin embargo un recorrido por las teorías más importantes, sus aportaciones e insuficiencias, nos permitirá situar las diferentes dimensiones vistas hasta aquí en un marco interpretativo más completo.

Hasta los años 70 los modelos explicativos dominantes provenían de la economía neoclásica o de la teoría del push-pull, que tenían en cuenta sobre todo los factores demográficos y las diferencias económicas entre los países origen de las migraciones y los receptores de las mismas. Pero los interrogantes planteados por las migraciones de los años 60 y 70 condujeron dentro de la investigación sobre el tema a un cambio de paradigma en los 80 caracterizado por una mayor atención a las especificidades cambiantes tanto en el espacio como en el tiempo, por un planteamiento más estructural que individualista con especial énfasis en las dinámicas del sistema económico y político capitalista, por una consideración global de las interacciones entre las entidades nacionales y los procesos políticos y económicos internacionales y por una visión crítica del marco en el que los procesos migratorios tienen lugar (Zolberg, 1989: 403s; Malgesini, 1998: 11ss).

También se vio enriquecida la investigación, dominada hasta entonces por técnicas cuantitativas de carácter demográfico o económico, con aportaciones de la investigación social empírica, de los métodos de la etnografía y la antropología, de la renovación de las ciencias históricas por la "historia oral", etc., aunque esta pluralidad de aportaciones no siempre ha encontrado un marco suficientemente integrador (Portes, 1997).
 

a) Economía neoclásica y teoría del push-pull

Los primeros intentos de compresión teórica de las migraciones provienen de la economía neoclásica y tienen en E. G. Ravenstein, autor de "Las leyes de la migración" (1885/1889), su precursor. El factor central desencadenante de las migraciones sería el desajuste entre oferta y demanda de fuerza de trabajo, dada una relación inversamente proporcional entre reserva de fuerza de trabajo y nivel de salarios. Las migraciones servirían para restablecer el equilibrio entre ambos factores y estarían motivadas en el plano individual por el interés en maximizar las ganancias. El resultado sería una localización óptima de las reservas.

Este núcleo de la teoría es matizado posteriormente por la consideración de factores añadidos en la motivación de la decisión individual de emigrar, como los riesgos que se asumen de ver frustradas las expectativas, las responsabilidades familiares, la edad, el trasfondo político, los costes de desplazamiento, etc. o de aspectos importantes del país de llegada como tasas de paro, política migratoria, etc. Pero el teorema fundamental se sustenta en el presupuesto de que todo país exporta aquellos factores de los que posee en abundancia, lo que al final conduce a un equilibrio en el precio de los factores. Esto vale también para la emigración, que constituye un mercado específico con su oferta, su demanda y su regulación a través de las políticas migratorias.
 

b) Teoría del mercado dual

La teoría del mercado dual de trabajo de Michael J. Piore (1979), como se expone más arriba, pone su atención en la demanda de fuerza de trabajo como desencadenante de la migración. Esta demanda aprovecha la disposición de los emigrantes a aceptar, al menos transitoriamente, las condiciones del mercado de trabajo secundario (peores condiciones de trabajo, mayor inestabilidad, salarios más bajos y escaso prestigio social) existente en los países industrializados. Dicha demanda es generada por la tendencia de los nativos a evitar los puestos de trabajo con los niveles de salario más bajo y con menos posibilidades de ascenso en la jerarquía del mercado laboral. Esto produce una escasez de fuerza de trabajo en los segmentos más bajos, incluso aunque exista paro o se mejoren las condiciones laborales y salariales generales.

Debido a la consideración de transitoriedad que los emigrantes en general atribuyen a su nueva situación, se produce una peculiar separación entre "trabajo" e "identidad" que permite una relación puramente instrumental frente al salario y por ello una más fácil adaptación al mercado secundario. La vinculación entre "trabajo" y "prestigio" tiene otro lugar y otro grupo social de referencia, el de origen. Por ello, los inmigrantes, en la percepción de sí mismos, viven fuera de la estructura social en la que trabajan y trabajan fuera de la estructura social en que viven.

La existencia de un mercado de trabajo secundario refleja, por su parte, la lucha entre capital y trabajo y la estrategia del primero de dividir a los trabajadores por medio de la atribución de trabajos "buenos" o "malos" sobre la base de criterios étnicos. A su vez, la ocupación de los inmigrantes permite a los nativos una movilidad social ascendente, pues los peores trabajos son realizados por otros. Sin embargo, la prolongación de la estancia de aquellos cambia su perspectiva y su valoración del trabajo y los vuelve progresivamente resistentes frente a la asignación inicial al mercado laboral secundario, lo que da origen a la competencia y el conflicto entre inmigrados y nativos.
 

c) Nueva economía de la inmigración

La nueva economía de la migración de Oded Stark (1991) pone el acento en las economías domésticas de las zonas rurales y sus proyectos de modernización como factor desencadenante de los flujos migratorios, que originariamente son flujos del medio rural al urbano. Lo que motivaría esos proyectos modernizadores es la pobreza relativa respecto al grupo de referencia, lo que explicaría el fenómeno de que los flujos mayores no procedan de los pueblos más pobres, sino de aquellos con una distribución de ingresos más desigual. La migración sería entonces el resultado de una estrategia colectiva y calculada de actores interdependientes, cuya meta es la transformación de la economía del grupo familiar y la reducción del riesgo que comporta el proyecto modernizador dada la escasez de recursos financieros. La remesas de los inmigrantes desempeñan un papel esencial como capital necesario para el cambio tecnológico y económico de la economía productiva de las familias en el medio rural, que invierten las ganancias alcanzadas en el campo en la emigración del hijo o la hija para obtener una ganancia mayor o más segura en el ámbito urbano. Por este medio se consigue una fuente de ingresos independiente de la propia producción agrícola tan sujeta a eventualidades negativas, de manera que el riesgo se diversifica y se reduce.
 

d) Teoría del sistema-mundo

Otra corriente importante que se ha ocupado de las migraciones es la teoría del sistema-mundo capitalista (Petras, 1981). La migración sería, según dicha teoría, un subsistema del mercado mundial. A causa de la naturaleza expansiva del proceso de acumulación capitalista y del deseo de reducir los costes del factor trabajo, la evolución del sistema económico capitalista ha ido acompañada siempre de una demanda de fuerza de trabajo. Cuando ésta no está suficientemente disponible o no lo está en las condiciones de flexibilidad, bajo coste, etc. deseadas, se busca salida en los trabajadores más o menos libremente captados en el exterior. De hecho la expansión del capitalismo ha estado unida de modo inseparable a la renovación permanente de los potenciales migratorios a través de la incorporación a la división internacional del trabajo de nuevas zonas, convertidas de este modo en periferias del sistema. Se ha tratado por regla general de una dinámica que une a la desventajosa integración en el sistema-mundo la desintegración de las formas tradicionales de reproducción de la vida y la generación de potenciales migratorios.

El papel del Estado es fundamental no sólo por su función dentro del sistema-mundo y su papel regulador del subsistema migratorio, sino porque las fronteras de los estados nacionales son las que definen el nuevo estatuto jurídico de los inmigrantes, asociado de hecho a la exclusión social. Aunque parezca paradójico, el muro y los agujeros se reclaman mutuamente en la configuración de las fronteras, verdaderos filtros selectivos, que sirven para mantener las afluencias y, al mismo tiempo, las diferencias institucionalizadas en la retribución directa o indirecta del trabajo. Lo que convierte a las migraciones en un subsistema laboral es esa combinación entre integración en el mercado de trabajo y exclusión parcial de los derechos ciudadanos y sociales.

La actual fase de integración global capitalista está suponiendo un aumento de las migraciones de carácter laboral a escala mundial, favorecidas por las tendencias económicas, culturales y políticas a la internacionalización y por la mayor movilidad asociada a ellas. Los nuevos medios de comunicación, el abaratamiento de los medios de transporte, la creciente movilidad del capital, el intercambio comercial, etc. favorecen los flujos migratorios. Los procesos de globalización conllevan un deterioro acelerado de las raíces sociales y culturales de las personas que habitan en las periferias, que han visto cómo la agricultura del Tercer Mundo era integrada en la división internacional del trabajo por medio de un proceso acelerado de salarización del primer sector y su sometimiento a las estrategias empresariales de los grandes consorcios agroalimentarios y cómo la industrialización orientada a la exportación y dependiente del capital inversor extranjero movilizaba nuevas capas de población hacia los núcleos urbanos y el trabajo asalariado. De esta manera el proceso globalizador crea potenciales migratorios y refuerza los lazos ideológicos, culturales y materiales entre el centro y la periferia, entre los países de los que procede el capital y los países de procedencia de los inmigrantes.

En los centros, la reorganización económica y social llevada a cabo después de la crisis de los 70 está suponiendo transformaciones importantes en la organización del trabajo, el reparto de los ingresos y en la demanda de mano de obra. Puede hablarse sin exageración de una polarización de la economía y la sociedad. Esto supone una mayor demanda de fuerza de trabajo para puestos peor pagados, inestables y con menos prestaciones sociales (Komlosy et al., 1997). Como proponía la teoría del mercado laboral dual, es la segmentación del mercado de trabajo en USA y en Europa occidental la que produce la demanda de inmigrantes. Aunque, de todos modos, la inmigración no es el único factor en la estrategia de asegurarse el acceso a los mercados de trabajo periféricos. Quizás más significativa que ella todavía sea la movilidad del capital y el traslado de diferentes producciones a zonas con bajos salarios.
 

e) Teoría de las redes migratorias

Las teorías presentadas hasta aquí centran su atención en las posibles "causas" de los flujos migratorios. La teoría de las redes migratorias analiza otros factores que tienen que ver sobre todo con su mantenimiento en el tiempo y su reproducción. Según esta teoría, las redes sociales juegan un papel primordial en el intercambio de información sobre el país de destino, en los trámites y apoyos para el traslado a él y para la posterior integración en el mercado laboral formal o informal (Boyd, 1989: 641). Sólo si se tienen en cuenta dichas redes resulta comprensible la formación de comunidades étnicas o de sectores profesionales ocupados preferentemente por grupos de inmigrantes.

Junto a las ayudas prácticas que dichas redes ofrecen respecto a los trámites administrativos o en su caso la evitación de los mismos, la búsqueda de trabajo, vivienda, etc., las redes migratorias reducen también los costos psicosociales de la entrada en un país extraño, porque al recrear el ambiente de origen suavizan el sentimiento de vulnerabilidad de los recién llegados (Gurak/Caces, 1998: 80s). Por todas estas razones, las redes migratorias, en la medida que vinculan a inmigrantes y no inmigrantes y facilitan a los segundos su cambio de status, se convierten en un factor de autoperpetuación de las migraciones más allá de la persistencia de los factores de naturaleza económica que las desencadenaron o de los cambios negativos en el mercado de trabajo o las políticas migratorias del país de destino.

Otro planteamiento teórico no demasiado distante del anterior ha resaltado el surgimiento en los últimos tiempos de espacios e identidades transnacionales (Pries, 1997). Asociadas al proceso de globalización nos encontramos con nuevas formas de concebir y vivir la ciudadanía, nuevas identidades y nuevas concepciones del espacio que cuestionan las divisiones tradicionales de carácter nacional. El concepto de "transmigrante" quiere reflejar la realidad de personas que pertenecen a unidades familiares localizadas en dos o más estados, que mantienen relaciones sociales y económicas y se encuentran insertos en comunidades tanto en su lugar de origen, como en el de destino, que están enraizados en más de una cultura y que viven su doble o triple pertenencia como una nueva forma de ciudadanía.

El espacio transnacional se constituye en el marco de la globalización y depende de la alta movilidad de capital, mercancías, informaciones y servicios asociada a ella. Está relacionado con un cambio de modelo en las migraciones observable en espacios interestatales con una larga experiencia de flujos migratorios. Las migraciones múltiples y pluridireccionales sustituyen a la migración clásica: se trata de personas que van y vienen de un país a otro, en muchos casos sin papeles, y que mantienen contactos y relaciones a ambos lados de la frontera. La redes migratorias establecidas en estos espacios permiten una disolución o al menos un debilitamiento de las pertenencias y atribuciones exclusivamente nacionales. Vinculan y transportan personas, bienes, valores, símbolos e informaciones entre diferentes espacios y estados y conforman la identidad de los que se integran en ellas de manera diferente a como lo hacen los referentes exclusivamente nacionales.
 

f) La perspectiva de género

Junto a los planteamientos teóricos descritos y desde mitad de los años 70 va adquiriendo una mayor relevancia la perspectiva de género en la investigación de los flujos migratorios. Dicha perspectiva llama la atención sobre el hecho de que las asimetrías específicas de género tanto en el plano económico, como en el social y político generan condiciones y posibilidades de movilidad femenina o limitaciones a la misma y pueden llevar a resultados diferentes en las migraciones de los hombres y las mujeres. Esto hace necesario la investigación de dichas asimetrías si se quiere dar cuenta de las razones que de modo específico llevan a las mujeres a emigrar o les impiden hacerlo.

En el caso de las mujeres es necesario tener en cuenta una fuente de discriminación añadida a las ya existentes por razones de clase, de pertenencia étnica o por ser inmigrantes, la discriminación por su género. Pero no se trata de una adición sin más, sino del peculiar entrelazamiento entre clase, etnia y género que se produce en el caso de las inmigrantes. Una trabajadora inmigrante experimenta desventajas en cuanto extranjera frente a las trabajadoras nativas, en cuanto mujer frente a los trabajadores inmigrados o nativos y en cuanto trabajadora frente a las mujeres inmigradas o nativas con una mayor cualificación o mejor posición social.

También el fenómeno descrito más arriba de integración de la producción agrícola del Tercer Mundo en la división internacional del trabajo, que está a la base de la generación de los potenciales migratorios, afecta de modo diferente y más grave a las mujeres. La salarización y monetarización del primer sector y las transformaciones de las economías de subsistencia que ellas llevan consigo afectan doblemente a las mujeres, dado que aquellas se dirigen preferentemente a los hombres excluyendo o marginalizando la fuerza de trabajo femenina y suponen cargas añadidas para las mujeres en las estrategias de supervivencia de las economías familiares. También los procesos de industrialización y los éxodos humanos a las grandes ciudades del Tercer Mundo, la desintegración familiar y la pérdida de raíces comunitarias que llevan parejos, etc. afecta de manera desigual a las mujeres y han hecho crecer el potencial migratorio femenino. Si a esto añadimos la creciente demanda de fuerza de trabajo femenina en los países de inmigración, que buscan ante todo fuerza de trabajo flexible y barata, podremos comprender por qué se habla hoy de una creciente feminización de las migraciones (Zlotnik, 1998)

No es éste lugar para valorar a fondo las diversas concepciones teóricas sobre las migraciones, pero sí se puede llamar la atención sobre ciertas insuficiencias y aportaciones imprescindibles de algunas de ellas. Tanto los modelos de la economía neoclásica y del push-pull como el de la nueva economía de la migración muestran una gran insensibilidad hacia los procesos históricos, pues tratan la pobreza, el paro, el nivel de los salarios o la falta de mano de obra como magnitudes estáticas y aisladas, sin preguntarse por su génesis histórica y sistémica. Por otro lado, esas variables poseen un escaso carácter explicativo, dado que las encontramos presentes en un mayor número de regiones que aquellas en las que se producen flujos migratorios.

La realidad muestra que no son los más pobres los que emigran, ni tampoco se produce con la emigración un equilibrio en el mercado de trabajo y entre los niveles salariales de las zonas de emigración e inmigración. Por el contrario, cada día adquieren más credibilidad las teorías que subrayan la importancia de la demanda de fuerza de trabajo en los países receptores, aunque no conviene olvidar que la permanencia en el tiempo de la demanda y de los flujos migratorios de respuesta produce una reestructuración de la economía de dichos países que termina consolidando dichos flujos como elemento necesario de la misma. La reorganización de las relaciones socioeconómicas en los países desarrollados en las últimas décadas ha llevado a una mayor flexibilización, informalización y fragmentación de los mercados de trabajo, y en todo ese proceso la inmigración ha jugado un papel importante.

Sin la aportación de la teoría del sistema-mundo perderíamos de vista la importancia de la desestabilización macroestructural producida por la integración subordinada de regiones periféricas en la división internacional del trabajo y los efectos de las nuevas zonas de libre comercio sobre las economías más débiles y sus mercados laborales. La decisión a emigrar está sin duda correlacionada con las crisis monetarias en los países de la periferia y los efectos de las mismas sobre las economías familiares que se ven forzadas a buscar fuentes de ingresos más estables, tal como resalta la teoría de la nueva economía de la migración. Por otro lado, cuanto más duraderas son las relaciones migratorias entre dos regiones o estados, tanto más valor adquieren las aportaciones de las teorías de las redes migratorias y de los espacios transnacionales. Otro tanto vale para la perspectiva de género, si tenemos en cuenta la creciente feminización de las migraciones.

3. CALLEJONES SIN SALIDA:
DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA

Analizar la situación de los inmigrantes en los países desarrollados es enfrentarse con dos realidades de densidad aplastante, que se condicionan y se apoyan mutuamente: la discriminación y el rechazo xenófobo. Esto es lo que convierte el proyecto migratorio de millones de seres humanos en una experiencia de sufrimiento y frustración humana ética y políticamente inadmisible.
 

Discriminación legal

Para hablar de discriminación hay que empezar refiriéndose al marco legal que define el estatuto jurídico y determina las condiciones de existencia de los inmigrantes. Todas las leyes de extranjería tienen un carácter no sólo diferenciador, sino también discriminador, ya que establecen un régimen jurídico específico para los no nacionales y les recortan el ejercicio de derechos fundamentales, que sí están reconocidos a los detentadores de la nacionalidad.

Desde mediados de los años 70 asistimos a un fortalecimiento de las restricciones contra la inmigración en casi todos los países receptores de la misma. El proceso de unificación europea ha supuesto una liberalización de los movimientos y las posibilidades de establecer residencia para los ciudadanos de los países miembro, pero un endurecimiento de los controles y dificultades para los inmigrantes procedentes de fuera de la Unión, exceptuado el grupo de las personas altamente cualificadas o ricas. Dicho endurecimiento ha seguido un patrón jurídico dominado por la tendencia a favorecer la discrecionalidad de la administración en el tratamiento de las solicitudes de entrada o permanencia de los extranjeros, sobre todo de los llamados inmigrantes económicos, y la priorización de los supuestos intereses del país receptor frente a las necesidades o pretensiones de los solicitantes. La creación de lo que ya se conoce como la fortaleza europea parece destinada a salvaguardar el espacio de prosperidad económica y garantías políticas y sociales de la UE frente al mundo exterior percibido como amenaza de las mismas. Resulta paradigmático que, desde el Acuerdo de Schengen, el tratamiento administrativo de la inmigración a nivel europeo se venga asociando a fenómenos como el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, etc. (Malgesini, 1994: 14).

Reflejo de esta tendencia es también la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, de los Derechos y libertades de los extranjeros, elaborada por el gobierno del PSOE y motivada entre otras razones por una supuesta exigencia derivada de la integración en Europa, así como por el objetivo de restringir fuertemente la posible llegada de inmigrantes económicos y reducir su estancia a períodos determinados por las necesidades del mercado laboral, dejando fuera de consideración derechos fundamentales no sólo para los inmigrantes en situación irregular, sino también para aquellos llegados por los cauces establecidos por la ley. Según dicha ley, el inmigrante sin medios propios para subsistir en España debía contar ya con un contrato de trabajo antes de solicitar el visado en el país de origen, cuya concesión estaría supeditada al dictamen favorable de los Ministerios de Interior y Trabajo bajo criterios discrecionales referidos a la situación del mercado de trabajo. Ya en España recibiría los permisos de residencia y trabajo por un período de un año, sólo renovables si se mantenían en el momento de la renovación las condiciones que motivaron su concesión. La lentitud administrativa en la concesión de visados y en los trámites de renovación de permisos hacía prácticamente imposible el cumplimiento de estos requisitos, difíciles ya si ella. Pero el poderoso filtro de entrada no surtió el efecto ¿deseado? de impedir la entrada, sino que provocó la entrada irregular. Una vez en el país, el marco legal colocaba a los inmigrantes "sin papeles" bajo permanente amenaza de expulsión (sin necesidad de intervención judicial), los excluía de todo tipo de derechos fundamentales y los reducía desde el punto de vista jurídico a "no existentes", incluso de cara a una posible regularización. Por otro lado, los "regulares" veían recortados anticonstitucionalmente sus derechos de reunión y asociación, y escasamente precisados o nulamente reglamentados otros derechos como la participación política, el acceso a la nacionalidad, la reagrupación familiar, la asistencia sanitaria, la educación, etc.

Aunque el Reglamento de aplicación de la ley de 1996 y, sobre todo, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los Derechos y libertades de los extranjeros y su integración social, representan dos pasos importantes en la dirección de igualar los derechos entre inmigrantes regulares y nacionales, así como de crear de un estatuto jurídico de derechos para aquellos que se encuentran en situación irregular, dicha dirección ha sufrido un durísimo revés con la contrarreforma llevada a cabo por el Gobierno del PP con la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre (Díez Bueso, 2000: 167s; Aguelo, 2000). Se vuelve en muchos puntos a la normativa de 1985, tanto en la prioridad del control policial y administrativo frente a las garantías en el ejercicio de los derechos, como en la diferenciación estricta entre inmigrantes en situación regularizada y los "irregulares", que vuelven a una situación de carencia de la mayoría de derechos fundamentales, si exceptuamos la sanidad para casos de urgencia, menores y mujeres embarazadas, y de amenaza de expulsión por procedimiento "preferente" (48 horas). También se vuelve a dificultar enormemente la regulación, ya que las ofertas de empleo sólo podrán dirigirse a los extranjeros "que no se hallen en España" (Art. 39), lo que en realidad supone condenar a los trabajadores extranjeros sin papeles a ser carne de cañón de la economía irregular (Rojo, 2001).
 

Discriminación laboral

La vinculación entre permisos de trabajo y de residencia, así como el tipo de vigencia temporal de los mismos, por un lado, y la política de cupos, que orienta la fuerza de trabajo inmigrante hacia ocupaciones específicas del mercado laboral (fundamentalmente agricultura, servicio doméstico y construcción) con un índice mayor de irregularidad y precariedad, por otro, ha creado un círculo vicioso de inestabilidad laboral y jurídica, que aumenta considerablemente la vulnerabilidad y la discriminación de los inmigrantes en el mercado de trabajo (Alegre, 2000: 387). De hecho se han creado unos nichos laborales en sectores económicos y tipos de actividad con una presencia destacada de determinados colectivos inmigrantes no comunitarios. Mientra que en el servicio doméstico sólo trabaja un 2,7% de las personas ocupadas autóctonas, lo hace un 31% de las personas ocupadas inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Latinoamérica y Asia. También la proporción de personas ocupadas en la agricultura dentro del colectivo inmigrante, fundamentalmente de las procedentes de África, es mayor que en el autóctono (18% y 8% respectivamente) (Col. Ioé, 2000b: 105ss). Este fenómeno lo ha calificado I. Wallerstein de "etnización del mercado laboral". Su funcionalidad económica está clara: la pertenencia al grupo social sirve para «hacer posibles unos salarios muy bajos para sectores enteros de la fuerza de trabajo» (1991: 58).

Además de la discriminación que supone una asignación de los inmigrantes a sectores y actividades con un índice mayor de irregularidad y precariedad, la posición que ocupan los inmigrantes laborales dentro de los respectivos mercados de trabajo, en gran medida condicionada por el tipo de acceso a los mismos, es peor de modo sistemático. «La media de los trabajadores extracomunitarios se encuentra en peores condiciones que los españoles» (Col. Ioé, 1999: 121). En el caso de la agricultura, esto supone una inserción casi exclusiva en la modalidad eventual de trabajo y unas enormes dificultades para la inserción social debidas a la estacionalidad (cambio frecuente de zonas de trabajo, alojamiento en infraviviendas, imposibilidad de reunificación familiar, etc.). En el caso del servicio doméstico, las inmigrantes son empleadas en muy buena parte como "internas", lo que conlleva frecuentemente condiciones de explotación extrema, tanto por los horarios de trabajo, el grado de informalización y los salarios inferiores, como por la dependencia casi total respecto de las familias que las contratan. En la construcción se observa un predominio de la ocupación de los inmigrantes en la categoría de peón no cualificado. Sufren en mucha mayor proporción que los autóctonos la privación de derechos laborales como pagas extra, vacaciones pagadas, etc.

De modo general para todos los sectores y actividades puede decirse que los inmigrantes se ven afectados en mucha mayor proporción que los autóctonos por la informalidad. Según una encuesta del CIS realizada en el primer semestre de 1998, casi la mitad de los inmigrantes encuestados carecía de contrato de trabajo y su relación con los empleadores se basaba en compromisos verbales (Pajares, 1998: 219). La falta de contrato va acompañada en muchos casos de discriminación salarial, de condiciones de trabajo con riesgos para la salud, de jornadas de trabajo abusivas, etc. Asistimos a una nueva forma de esclavitud y de reducción de seres humanos a mano de obra barata y explotable supeditada a las exigencias arbitrarias de los contratantes (Sánchez Miranda, 2000b).
 

El escollo de la vivienda

La discriminación legal y laboral están a la base de otras formas de discriminación que afectan al desarrollo normal de la existencia y a los niveles mínimos de calidad de vida vigentes en la sociedad receptora de inmigración. Nos referiremos aquí sólo a una de esas formas por su gran relevancia de cara a la integración social de los inmigrantes, la que está relacionada con la vivienda. Aun a riesgo de simplificaciones reductoras, se puede decir que en las ciudades los inmigrantes suelen ocupar viviendas muy deterioradas, con escasos equipamientos, en las zonas de mayor pobreza de los centros urbanos degradados o de los barrios periféricos. Se trata muchas veces de viviendas para las que no es posible encontrar inquilinos en el mercado del alquiler "normal", pero que gracias a las dificultades adicionales que tienen los inmigrantes para encontrar vivienda, se convierten en una fuente de ingresos muy rentable para sus propietarios, que se suelen considerar eximidos de las obligaciones de conservación y reparación. Como constata Martínez Veiga, «lo que está impidiendo la discriminación en el mercado de la vivienda es que actúen las fuerzas del mercado, pero es un fenómeno económico muy rentable para los propietarios porque la discriminación trae ganancias económicas» (1999: 17). El hacinamiento es una estrategia tanto de los inmigrantes para distribuir el coste entre más, como de los propietarios para poder cobrar más y, llegado el momento, justificar la expulsión. En las zonas rurales los inmigrantes se alojan predominantemente en naves, casas abandonadas, dependencias secundarias de los cortijos, pequeños barrios en medio del campo, etc. que suelen pertenecer a los mismos patronos que los contratan. El alquiler es a veces de tipo personal, es decir, se cobra a cada uno de los inquilinos una cantidad, con lo que el hacinamiento supone un crecimiento de los ingresos. Los equipamientos son escasos o inexistentes. La proximidad a los lugares de producción agrícola que caracteriza estos alojamientos está emparejada con la lejanía de los núcleos de población, lo que se convierte en una fuente de segregación. La primera contribuye a la disponibilidad de los inmigrantes como reserva de mano de obra, la segunda a la invisibilización de sus necesidades y derechos (Martínez Veiga, 1999: 23).
 

El rechazo xenófobo

Si los condicionantes político-legales y socioeconómicos juegan un papel determinante en las dinámicas de discriminación de los inmigrantes, no podemos olvidar tampoco las actitudes y comportamientos de la población nativa en la sociedad receptora, es decir, el rechazo xenófobo como obstáculo a la integración y como fundamento difuso o refuerzo cultural de los mencionados condicionantes discriminadores.

Lo característico de la discriminación étnica es la combinación de "diferenciación" e "inferiorización" (Wieviorka, 1992: 112). La discriminación racial es aquella a la que se somete a un grupo sobre la base de una construcción social de rasgos diferenciadores considerados como si se tratara de diferencias raciales. Se produce así una vinculación entre características fenotípicas y/o culturales del grupo y discriminación o segregación social. La conducta discriminatoria se sustenta en actitudes de rechazo apoyadas en estereotipos deformados sobre el otro justificados con ideologías racistas (San Román, 1996: 18). Aunque en un sentido genérico no existe ninguna captación de la realidad libre de prejuicios, cuando se habla de prejuicios en nuestro contexto se está designando aquellos juicios de carácter negativo, que suelen englobar a todo el grupo de individuos sobre los que se emiten, que tienen un carácter previo a la experiencia, cuando no una absoluta falta de relación con la misma, y que se resisten a la refutación por los hechos. El vínculo del prejuicio con la discriminación proviene de su entrelazamiento con intereses de dominación o segregación de los individuos sobre los que se proyecta o con la necesidad de encontrar una explicación causal sencilla o un chivo expiatorio para problemas sociales complejos. No es infrecuente la naturalización de aspectos del comportamiento de los individuos objeto de discriminación al margen de toda consideración social, económica o histórica sobre la génesis de esos aspectos, en gran medida fruto del mismo proceso discriminatorio. Es una manera de estigmatizar al grupo y preparar su dominación o su exclusión.

Los discursos que legitiman el rechazo xenófobo son de diversa índole y se mueven por lógicas distintas. El Colectivo Ioé ha señalado dos de estas lógicas de identificación/diferenciación en relación con los extranjeros que subyacen a las actitudes y comportamientos discriminatorios en relación a ellos (Col Ioé, 1999: 171ss). Una de esas lógicas sería la naturalización del Estado-nación. Bajo esta lógica, las migraciones aparecen de modo general como una excepción anormal, por lo que queda justificada la subordinación, postergación o supeditación de los derechos legales, económicos o sociales de los inmigrantes respecto a los de los nacionales. El Estado tiene unas obligaciones frente a la población autóctona que no son extendibles al resto de personas que viven en el territorio nacional o al menos en la misma profundidad o amplitud. Otra lógica sería la de la diferencia cultural, bajo la que las culturas aparecen como realidades cerradas e incomunicables y representan diferentes grados de evolución que las hace superiores o inferiores. Esta lógica puede adoptar la forma de fundamentalismo cultural o de racismo diferencialista, pero en cualquier caso a los culturalmente distintos no les queda otra opción que la de asimilarse a la cultura de la sociedad receptora o, si esto no es posible, vivir segregados de modo que quede neutralizada la supuesta "amenaza" que representan para la "normalidad" dominante.

4. FRONTERA DE LA DEMOCRACIA

Los análisis realizados hasta aquí nos abocan a una cuestión fundamental para explicar la reacción ante la inmigración de las sociedades receptoras: el vínculo histórico entre política y nacionalidad. Lo que están revelando tanto las políticas de extranjería e inmigración como la discriminación y el rechazo xenófobo de los inmigrantes es «la ambivalencia y las falsedades de la cultura política democrática de los países europeos» (Silveira, 2000: 17). El reverso de la apropiación de la idea de "ciudadano" por las identidades estatal-nacionales ha sido la exclusión --más o menos diferenciada y estratificada-- de los extranjeros de la ciudadanía plena, exclusión que pone en tela de juicio la radicalidad del proyecto democrático y sus propias ideas motrices. Como ha señalado E. Balibar, «las fronteras del espacio nacional son el lugar en que la democracia se detiene» (1992, 13s). Quizás sea ésta la razón de que el estatuto jurídico de los extranjeros aparezca como una de las sombras más importantes del principio revolucionario de la fraternidad (Oliván, 1998).
 

El inmigrante como no-persona

Nadie puede negar que existe una contradicción entre considerar el derecho a emigrar como uno de los Derechos Humanos y, sin embargo, convertir la inmigración en una cuestión de soberanía de los Estados y por tanto sometida a su arbitrio, contradicción que se agudiza en contraste con la creciente libertad de circulación de mercancías, dinero y servicios frente a los controles estatales. Las declaraciones de los derechos del ser humano, en la medida en que éstos se configuran como derechos de los ciudadanos de un estado, establecen un vínculo entre nacimiento o vida natural y comunidad política que problematiza automáticamente la identificación entre ser humano y ciudadano. «Las naciones-estados realizan una nueva inversión masiva de la vida natural, porque distinguen en su seno entre una vida por así decirlo auténtica y una vida desnuda desprovista de todo valor político» (Agamben, 2000: 86).

Si bien intuitivamente percibimos al inmigrante como ser humano, persona como nosotros, existen un conjunto de categorías ("extracomunitario", "clandestino", "irregular") que lo despojan de esa condición y lo estigmatizan negativamente como no ciudadano, como no europeo, como no nativo, etc. Los mecanismos sociales, políticos y jurídicos que lo excluyen del reconocimiento de la ciudadanía convierten simultáneamente a quien es objeto de esa exclusión en "no-persona". Por eso los derechos humanos, basados en el reconocimiento de una supuesta universalidad de la persona, no pasan de ser una declaración de principios, porque de hecho ser persona es una variable de la condición social. La desigualdad de trato a los nativos y los inmigrados, «en virtud de la cual algunos extranjeros son excluidos de los derechos civiles fundamentales, es potencialmente la puesta en marcha de un proceso de reducción de ciertas categorías de seres humanos de personas a no-personas» (Dal Lago, 2000: 139).
 

El "mito" nación y los límites de la ciudadanía

El vinculo entre Estado, nación y ciudadanía es responsable de que el inmigrante sea percibido fundamentalmente como amenaza cultural o como mercancía supeditada a "intereses nacionales" y no como persona sujeto de derechos. Sin embargo, esto contraviene la lógica del Estado liberal democrático, que carece de criterios dirimentes en el conflicto intercultural entre las diversas concepciones de vida buena, a las que ofrece un marco procedimental con garantías para su libre despliegue, siempre que no vulneren las reglas mismas, y tampoco puede supeditar la libre competencia en el mercado a supuestos intereses nacionales sin traicionar sus propios principios. Las fronteras nacionales son un contrasentido para la lógica liberal como ha puesto de relieve con cierta ironía J. Carens, quien vuelve la crítica liberal del orden feudal contra la situación de división actual del mundo sancionada por los límites fronterizos. Para los que nacen en Canadá y en Bangladesh el nacimiento condiciona la vida de un modo no menos determinante que en la edad media nacer noble o siervo de la gleba (1992: 26s). Pero si el vínculo entre Estado, nación y ciudadanía contraviene de esa manera los principios del proyecto democrático liberal, que fue determinante de la configuración de las estructuras políticas en Occidente, ¿cuál es la razón de este vínculo?

Para esbozar un comienzo de respuesta a esta pregunta habría que tener en cuenta que la relación entre la institución del mercado y su lógica estratégico-instrumental/maximizadora de beneficios, los requerimientos de legitimidad racional derivados del sustento consensual del orden social democrático en el Estado de derecho y la existencia de un pluralismo (voluntarismo) de concepciones de la vida feliz o vida buena en un mundo "desencantado" presenta tensiones y conflictos difíciles de resolver y de los que está poblada la historia de las sociedades modernas. Quizás por este motivo el término más recurrente en esa historia sea el de "crisis". A este respecto, el mito "Nación" ha supuesto quizás, en su vinculación con el Estado moderno y en contradicción con los principios que éste establece, el vehículo más importante para asegurar la lealtad de los ciudadanos y la integración de los mismos a pesar de los efectos desigualadores y desintegradores de la lógica del mercado (Iacono, 2000: 107). Y de cara a esta función del mito "Nación" resulta indiferente tanto que se considere a las naciones como "comunidades inventadas" (Anderson 1983), "invenciones históricas arbitrarias" (Gellner 1997) o construcciones históricas que necesitan "factores primarios" no inducibles, como que se vea vinculado su surgimiento al del Estado-nación o se considere independiente de él (Castells 1998, 50ss). Lo que resulta interesante es por qué los Estados de derecho modernos, que han ejercido un papel de referente modernizador bastante universal, están vinculados de hecho a la idea de nación y qué papel juega dicha idea en su constitución.

Por un lado el concepto moderno de ciudadanía es indisociable del principio de voluntariedad, dado que el Estado democrático es una asociación de ciudadanos libres e iguales (Habermas 1993), y en principio el acuerdo democrático en torno al orden social y político debería bastar para garantizar la lealtad al Estado de derecho y los vínculos asociativos. Así mismo, la libre adhesión a ese acuerdo debería ser requisito suficiente para admitir un nuevo "socio". Resulta curioso a este respecto que para la Constitución revolucionaria de 1793, por la que se define la condición de ciudadano francés, bastara con ser adulto y haber vivido en Francia durante un año para que un extranjero obtuviera el derecho de permanencia en el país y los demás derechos activos de ciudadano (Coleman 1995, 78.). Pero tampoco conviene olvidar que la garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos reposaba para esa misma Constitución en la "soberanía nacional". En este sentido, sería la misma Asamblea que proclamaba la abolición de la esclavitud la que pronto se apresuraría a impedir su aplicación en las colonias. Los "intereses nacionales" resultaban coincidir con los intereses de explotación de los degradados a "salvajes" y excluidos de la ciudadanía. Pero la contradicción de restringir la libertad y la igualdad al ámbito de la nación revela algo más que la exclusión de los no nacionales, los otros, del disfrute de esos derechos. El recurso a la nación resulta imprescindible también hacia dentro de la comunidad política, cuando la igualdad ha de ser meramente civil y la libertad solamente formal (Oliván, 1998: 35). La nación, independientemente de sus supuestos soportes históricos, lingüísticos, culturales, etc., por lo general discutibles y discutidos, supone la más potente ficción de fraternidad y de soberanía compartida capaz de compensar ideológicamente las desigualdades realmente existentes y los límites también reales a la capacidad de libre autodeterminación de los ciudadanos. La nación es la gran aliada y el complemento del derecho moderno, cuyo artificio de igualdad en droit «libera de la responsabilidad de tomar partido por la justicia (hacia el otro), pero nos vincula a la necesidad de los poderes fácticos» (Barcellona, 2000: 124). Lo que revela la presencia de inmigrados y refugiados en las sociedades occidentales, o quizás mejor, la respuesta de esas sociedades a dicha presencia, son los límites de proyecto político democrático que es supuestamente su seña de identidad y la necesidad del cumplimento todavía pendiente de la igualdad y la libertad contra las poderosas ficciones que las vienen escamoteado hasta el día de hoy.
 

REFERENCIAS
 

G. AGAMBEN (2000): «Política del exilio», en: H. C. Silveira Gorski (ed.): Identidades comunitarias y democracia. Madrid, p. 81-93.

P. AGUELO NAVARRO (2000): «Derechos humanos y legislaciones de extranjería», en: III Congreso Internacional de Derechos Humanos, Cádiz, Octubre de 2000 (manuscrito).

M. A. ALEGRE CANOSA (2000): «Las políticas inmigratorias», en: J. Adelantado (coord.): Cambios en le Estado del Bienstar. Políticas sociales y desigualdades en España. Barcelona, p. 379-412.

M. AMBROSINI (1998): «Intereses ocultos: la incorporación de los inmigrantes a la economía informal», en: Migraciones 4, p. 111-151.

B. ANDERSON (1983): Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Londres.

E. BALIBAR (1992): Les frontières de la démocratie. Paris.

P. BARCELLONA (2000): «El vaciamiento del sujeto y el regreso del racismo», en: H. C. Silveira Gorski (ed.): Identidades comunitarias y democracia. Madrid, p. 113-126.

C. BLANCO (2000): Las migraciones contemporáneas. Madrid.

A. BONNANO (ed.) (1994): La globalización del sector agroalimentario. Madrid.

M. BOYD (1989): «Familiy and personal networks in international migration: recent developments and new agendas», en: International Migration Review 23/3, p. 638-670.

J. CANALS SALA (1999): «Invenciones y realidades en la construcción del inmigrante como problema», en: Mª J. ESCARTÍN/Mª D. VARGAS (eds.): La inmigración en la sociedad actual. Una visión desde las ciencias sociales. Alicante, p. 59-89.

J. CARENS (1992): «Migration and morality: a liberal egalitarian perspective», en: B. Barry - R. Goodin (eds.): Free Movement: ethical issues in the international migration of peopel and of money. Pensilvania, p. 25-47.

C. CARRASCO CARPIO (1998): «Economía sumergida y trabajo inmigrante», en: Migraciones 4, p. 9-33.

M. CASTELLS (1998): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. II. El poder de la identidad. Madrid.

S. CASTLES/G. KOSACK (1984): Los trabajadores inmigrantes y la estructura de clases en la Europa occidental. México.

Z. CHATTOU (2000): «Los trabajadores agrícolas marroquíes de El Ejido. De la invisibilidad a la toma de conciencia de sí mismos», en: Migraciones 8, p. 203-229.

F. CHECA OLMOS (1999): «Las migraciones como fenómeno sociocultural. Una apuesta para su comprensión», en: Mª J. ESCARTÍN/Mª D. VARGAS (eds.): La inmigración en la sociedad actual. Una visión desde las ciencias sociales. Alicante, p. 15-57.

COLECTIVO IOÉ (1998): «Inmigración y trabajo: hacia un modelo de análisis. Aplicación al sector de la construcción», en: Migraciones 4, p. 35-70.

COLECTIVO IOÉ (1999): Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Una visión de las migraciones desde España. Valencia.

COLECTIVO IOÉ (2000a): «Panorámica de la inmigración en España», en: Documentación Social, nº 121, p. 73-90.

COLECTIVO IOÉ (2000b): «Perspectiva laboral de la inmigración en España», en: Documentación Social, nº 121, p. 91-110.

J.A. COLEMAN (1995): «Una nación de ciudadanos», en: Concilium, nº 262, p. 75-87.

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE EXTRANJERÍA (1998): Anuario Estadístico de Extranjería 1997. Ministerio del Interior. Madrid.

A. DAL LAGO (2000): «Personas y no personas», en: H. C. Silveira Gorski (ed.): Identidades comunitarias y democracia. Madrid, p. 127-144.

L. DÍEZ BUESO (2000): «El régimen jurídico de la inmigración en España: contexto, texto y pretexto», en: Documentación Social, nº 121, p., 161-182.

A. DOMINGO Y VALLS/R. OSÁCAR (1999): «Población inmigrada extranjera en España: Borrosidad estadística y visibilidad social», en: Mª J. ESCARTÍN/Mª D. VARGAS (eds.): La inmigración en la sociedad actual. Una visión desde las ciencias sociales. Alicante, p. 91-126.

P.C. EMMER (1992): «European Expansion and Migration: The European Colonial Past and Intercontinental Migration; an Overview», en: Id. - M. Mörner (eds.): European Expansion and Migration: Essays on the Intercontinental Migration from Africa, Asia and Europe. Nueva York, p. 1-12.

H. FASSMANN/R. MÜNZ (1996): «Europäische Migration - Ein Überblick», en: Id./Id. (eds.): Migration in Europa. Historische Entwicklung, aktuelle Trends und politische Reaktionen. Fráncfort/Nueva York, p. 9-52.

E. GELLNER (1997): Naciones y nacionalismos. Madrid.

S. GIL ARAUJO (2000): «Migraciones, conflictos y mundialización», en: M. Aguirre et al. (eds.): ANUARIO CIP 2000: Globalización y sistema internacional. Barcelona, p. 1113-138.

J. GOYTISOLO/ S. NAÏR (2000): El peaje de la vida. Integración o rechazo de la emigración en España. Madrid.

D.T. GURAK/F. CACES (1998): «Redes migratorias y la formación de sistema de migración», en: G. Malgesini (comp.): Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. Barcelona, p. 75-110.

J. HABERMAS (1993): Ciutadania politica i identitat nacional. Barcelona.

Y. HERRANZ (2000): «Inmigración e incorporación laboral», en: Migraciones 8, p. 127-163.

A. M. IACONO (2000): «Raza, nació, pueblo: caras ocultas del universalismo», en: H. C. Silveira Gorski (ed.): Identidades comunitarias y democracia. Madrid, p. 95-111.

A. IZQUIERDO (1996): La inmigración inesperada. La población extranjera en España (1991-1995). Madrid.

A. KOMLOSY et al. (eds.) (1997): Ungeregelt und unterbezahlt. Der informelle Sektor in der Weltwirtschaft. Fráncfort/Viena.

V. A. LLUCH (2000): «En Espagne, un apartheid sous plastique», en: Le Monde diplomatique (fr.), marzo, p. 6.

B. LÓPEZ GARCÍA/A. RAMÍREZ (1997): «¿España es diferente? Balance de la inmigración magrebí en España», en: Migraciones 1, p. 41-71.

A. LORCA/M. ALONSO/L.A. LOZANO (1997): Inmigración en las fronteras de la Unión Europea, Madrid.

G. MALGESINI (1994): «Dilemas de la movilidad. Inmigración y refugiados en España y la CE», en: Id. et al.: Extranjeros en el paraíso. Barcelona,p. 11-26.

G. MALGESINI (1998): «Introducción», en: Id. (comp.): Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. Barcelona, p. 11-40.

U. MARTÍNEZ VEIGA (1997): La integración social de los inmigrantes extranjeros en España. Madrid.

U. MARTÍNEZ VEIGA (1998): «La competición en el mercado de trabajo entre inmigrantes y nativos», en: Migraciones 3, p. 9-30.

U. MARTÍNEZ VEIGA (1999): Pobreza, segregación y exclusión espacial. La vivienda de los inmigrantes extranjeros en España. Barcelona.

S. D. MASSEY et. al. (1993): «Theories of international migrations: a review and appraisal», en: Population and development Review 19/3, p. 431-466.

C. MAYEUR (1997): «Discursos y prácticas migratorias: contradicciones, hipocresías y efectos perversos de la políticas actuales», Migraciones 2, p. 9-26.

F. OLIVÁN (1998): El extranjero y su sombra. Crítica del nacionalismo desde el dercho de extranjería. Madrid.

M. PAJARES (1998): La inmigración en España. Retos y propuestas. Barcelona.

E. MC. PETRAS (1981): «The global labor market in the modern world-economy», en: M. Kritz et. al. (eds.): Global trends in migration: theory and research on international population movements. Nueva York, p. 44-63.

M. J. PIORE (1979): Birds of passage: migrant labor and industrial societies. Cambridge.

PNUD (1999): Informe sobre desarrollo humano 1999. Madrid.

A. PORTES (1997): «Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities», en: International Migration Review 31/4, p. 799-825.

L. PRIES (ed.) (1997): Transnationale Migration. Soziale Welt. Vol. esp. 12. Baden-Baden.

M. E. RAMÍREZ GOICOECHEA (1996): Inmigrantes en España: Vida y Experiencias. Madrid.

E. ROJO TORRECILLA (2001): Trabajo y emigración. ¿Viejas respuestas frente a nuevas realidades? Barcelona.

T. SAN ROMÁN (1996): Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y filantropía. Madrid.

J. SÁNCHEZ MIRANDA (2000a): «El Ejido: Un fenómeno singular», en: Documentación Social, nº 121, p. 271-294.

J. SÁNCHEZ MIRANDA (2000b): «Los inmigrantes: ¿nuestros últimos esclavos? Un sector laboral segregado», en: Éxodo, nº 55, p. 12-20.

H. C. SILVEIRA GORSKI (2000): «La vida en común en sociedades multiculturales. Aportaciones para un debate», en: Id. (ed.): Identidades comunitarias y democracia. Madrid, p. 11-43.

J.L. SIMON (1998): «Sobre las consecuencias económicas de la inmigración: lecciones para las políticas de inmigración», en: G. Malgesini (comp.): Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. Barcelona, p. 265-288.

C. SOLÉ (1997): «La irregularidad laboral de la inmigración extracomunitaria», en: Migraciones 1, p. 7-40.

P. STALKER (2000): Workers without frontiers. The impact of the globalization on international migration. Ginebra.

O. STARK (1991): The migration of labor. Cambridge.

B. SUTCLIFFE (1998): Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la equidad. Bilbao.

I. WALLERSTEIN (1991): «Universalismo, racismo y sexismo, tensiones ideológicas del capitalismo», en E. Balibar y Id.: Raza, nación y clase. Madrid, p. 49-62.

M. WIEVIORKA (1992): El espacio del racismo. Barcelona.

H. ZLOTNIK (1998): «La migración de mujeres del sur al norte», en: G. Malgesini (comp.): Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial. Barcelona, p. 113-145.

J.A. ZAMORA: «Globalización y cooperación al desarrollo: Desafíos éticos», en: Foro I. Ellacuría. Solidaridad y Cristianismo: La globalización y sus excluidos. Estella, p. 151-228.

A. R. ZOLBERG (1989): «The next waves: migration theory for a changing world», en: International Migration Review 23/3, p. 403-430.

1. Profesor de Filosofía. Instituto Teológico "San Fulgencio" - Murcia.