Página principal

No existe ninguna mirada neutral sobre la realidad. Lo que somos capaces de percibir y cómo lo percibimos está condicionado por clichés y prejuicios, que son construcciones sociales en las que se entremezclan intereses, temores, proyecciones, etc. tanto individuales como de grupos e instituciones. Los imaginarios, las simbolizaciones y su enraizamiento en la cotidianidad, los juicios espontáneos que emitimos ante los acontecimientos diarios, las formas habituales de reaccionar ante personas y situaciones, etc. reproducen y refuerzan al mismo tiempo formas de vida, estructuras sociales y conformaciones ideológicas de una sociedad desigual e injusta. Hasta un deseo supuestamente tan inocente como el de "conocer" cualquiera de los fenómenos sociales objeto de nuestra atención es inseparable de los intereses sociales que lo dirigen y condicionan. Esto se hace especialmente patente en el caso de la inmigración, frente a la que operan prejuicios y clichés muy poderosos. Definir esa realidad como problema es la primera condición para convertir a los implicados en el mismo en objeto de políticas, ya sea discriminatorias o supuestamente solidarias, orientadas a una solución definida por los agentes de las mismas. De esta manera se generan las complicidades sociales y se enmascaran los mecanismos que producen los verdaderos "problemas" para los mencionados implicados.

¿Estamos siendo "invadidos" por inmigrantes?

Si hacemos caso a las declaraciones del gobierno y a los titulares de ciertos medios de comunicación, España se encuentra sometida a una presión migratoria sin precedentes, que desborda todas las posibilidades razonables de integración de los inmigrantes. Los términos invasión, avalancha, oleada, riada, etc., usados con machacona insistencia, son eficaces transmisores de esa forma de percibir la inmigración, que una vez asentada y consolidada puede asegurar el respaldo social a las políticas restrictivas supuestamente dirigidas a contener y limitar los flujos migratorios. La percepción dominante es que España está sometida a una presión migratoria proveniente del Tercer Mundo que resulta imposible de asimilar. Pero una percepción así está guiada por intereses que deforman y enmascaran la realidad de los flujos migratorios.

No conviene olvidar que durante cuatrocientos años España ha sido un país de emigración. En el siglo XX el número de emigrantes españoles asciende a 6,7 millones de personas, sobre todo a América (4,1 mill.) y a Europa (1,5 mill.), pero también a África (1 mill.) y a Asia (0,1 mill.), de los cuales 2,5 mill. lo hicieron en los últimos cincuenta años. Pero a pesar de estas cifras nadie emplea los términos invasión o avalancha para referirse a esos flujos migratorios. De modo que no son las cifras sino el clima anti-inmigración lo que hace percibir las migraciones como un fenómeno de especiales magnitudes en el presente, aunque en términos comparativos sean menores que en otras épocas históricas.

Si buscamos las causas de los cambios en la percepción del fenómeno migratorio en Europa veremos que han sido determinantes las políticas adoptadas en cada momento dependiendo de la situación económica. La crisis económica del 73 trajo consigo el final de una etapa de "puertas abiertas" y de fomento de la inmigración en los países más industrializados de Europa y el comienzo de las restricciones y de la incentivación del retorno, lo que coincide con la aparición social del "problema de la inmigración". Tras el fracaso de esas políticas, a partir de comienzos de los noventa, se empieza a levantar un "muro" legal y administrativo para restringir radicalmente las afluencias migratorias, también en los países sólo recientemente convertidos en receptores de inmigración. Europa empieza a presentarse ante el mundo como una "fortaleza".

Sin embargo, en el contexto europeo, España registra uno de los porcentajes más bajos con 2,7% de población extranjera, muy lejos del grupo de países con una presencia significativa de extranjeros que oscila entre el 4 y el 18% (Reino Unido, Suecia, Holanda, Francia, Bélgica, Austria, Alemania y Suiza). El porcentaje de inmigración del Tercer Mundo varía de un país a otro. En Alemania el 28% proviene de Turquía. En Bélgica el 14,7% viene de Marruecos. En Austria el 20,3% ha llegado de Turquía. En Francia los dos grupos más importantes son el argelino (17,1%) y el marroquí (15,9%). En el Reino Unido el 23,7% de los inmigrantes son asiáticos y en Holanda un 20% son marroquíes y un 16,9% son turcos.

Aunque no se puede negar que en España se han producido cambios importantes en el fenómeno migratorio, eso no justifica el cliché de invasión que domina la percepción social del mismo. Todavía el número de españoles residentes en el extranjero supera los 2 mill., mientras que los extranjeros residentes en España rondan en torno al millón. Es cierto que en las últimas décadas se ha vivido una inversión migratoria, un cambio en los flujos, pasando de ser un país de emigración a ser receptor de inmigrantes. Y también es verdad que el grupo que ha experimentado un crecimiento mayor en los años noventa ha sido el marroquí. Pero teniendo en cuenta los últimos datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno para Extranjería, finalizado el proceso de regularización abierto por la LO 4/2000, en el que se han tramitado cerca de 250.000 solicitudes, de las que habían sido aceptadas hacia finales del 2000 unas 137.454, los ciudadanos comunitarios constituyen todavía el 45% de residentes extranjeros. Entre los no comunitarios los marroquíes son el grupo más numeroso (194.099), seguidos por los chinos (30.958), los ecuatorianos (28.773) y los colombianos (26.650). Pero tras lo marroquíes los grupos más numerosos proceden de países de la UE: Gran Bretaña, Alemania, Portugal, Francia e Italia por ese orden.

Los marroquíes, que según el Estudio 2.214 del CIS de junio de 1996 son aquellos en quienes de manera inmediata piensan los españoles cuando se habla de inmigrantes, apenas llegan a un 0,5% del conjunto de la población en España. Esto no está en contradicción con el hecho de que, debido a la diferente concentración regional de los inmigrantes según nacionalidades y a las diferencias fenotípicas que permiten una más clara identificación de la población extranjera africana frente a la de origen europeo, en ciertas zonas se tenga la impresión de una presencia masiva, mientras que en otras quizás falte dicha percepción. Basta con comparar dos comunidades autónomas como Baleares y Murcia: la primera, con una densidad de extranjeros sensiblemente mayor (5,1% frente al 2%), no suele asociarse con una problemática inmigratoria, dado que el 76,01% de los no nacionales procede de Europa, mientra que en Murcia el 64% procede de África. Pero esto no depende tanto del número global de inmigrantes, cuanto de la segmentación del mercado laboral y de la forma de inserción en el mismo de la población extranjera.

¿Cómo se produce la "irregularidad"?

Junto a la percepción del fenómeno migratorio como invasión e indisociable de ella está su vinculación con la ilegalidad, lo que ha contribuido de modo determinante a una estigmatización social de los inmigrantes, convertidos de modo general en sospechosos. Esto se debe, en gran medida, al enfoque adoptado por la UE frente a la inmigración, centrado en el control fronterizo y policial, como pone de manifiesto la atribución de competencias fundamentales a los Ministerios de Interior. Las cuestiones dominantes en las políticas migratorias son el control de los que residen en el país y su regularización, la expulsión de los irregulares o irregularizados y la impermeabilización de las fronteras para que no lleguen más inmigrantes. El eslogan más difundido es: "lucha a la inmigración ilegal", aunque aparezca a veces acompañado de la proclamación de buenas intenciones respecto a la integración de los "legales". Pero ni las políticas que intentan restringir las afluencias reducen la mal llamada "ilegalidad", ni se ha demostrado una relación entre mayor control y mejor integración.

Resulta aventurado dar cifras sobre el número de inmigrantes en situación administrativamente irregular, aunque sirva parcialmente de indicador el número de solicitudes aceptadas durante los diferentes procesos especiales de regularización. En España se regularizaron 43.800 en los años 1985-1986, 110.100 en 1991, 18.800 en1996 y se aceptaran probablemente cerca de 200.000 solicitudes en el 2000-2001. Sobre los que quedan sin regularizar por diversos motivos en cada proceso sólo pueden lanzarse especulaciones. Pero de todos modos la necesidad de los procesos de regulación cuestiona las políticas restrictivas que terminan exigiendo medidas extraordinarias para paliar las situaciones de irregularidad generada, entre otras causas, por ellas mismas.

Pues ciertamente son las políticas restrictivas las que definen y fomentan la "ilegalidad", que no puede ser vista como una realidad ajena a las normativas estatales. Frente a la percepción común de que la mayoría de inmigrantes se introduce en el país por caminos ilegales controlados por mafias sin escrúpulos, tal como refuerzan a diario en el caso español las imágenes televisivas de las pateras y los polizones interceptados, y sin negar la existencia de dichas mafias, sus métodos más o menos abyectos y sus ganancias crecientes, sin embargo, la entrada de más del 80% se produce de manera legal, con visados de turistas o estudiantes o con un visado temporal para llegar a otro país europeo o visitar un familiar. La situación irregular se produce con posterioridad, ya en el país, por prolongación de la estancia una vez cancelado el visado. Además, también los establecidos legalmente en él durante más tiempo pueden ver cancelada la legalidad de su estancia, ya que para la mayoría la renovación del permiso de residencia depende de requisitos como el permiso de trabajo, condicionado a su vez por la tenencia o no de un contrato de trabajo congruente con él, un domicilio, etc. De modo que la no renovación automática y el límite temporal de los permisos de residencia y de trabajo, así como la vinculación entre ambos y las dificultades o la lentitud administrativas para las tramitaciones de dichos permisos, son la causa fundamental de "re-ilegalización" de los previamente considerados "legales".

Así pues, la distinción entre regularidad o irregularidad es una construcción administrativa. Y llama poderosamente la atención que quede fuera de consideración el gran número de jubilados y pensionistas de la UE que residen la mayor parte del año en España, pero no poseen documentación en regla. Si de lo que se trata es de aplicar la ley, ¿por qué nadie piensa en ellos cuando se habla de luchar contra la inmigración "ilegal"?

Se impone la observación de que la política migratoria está estrechamente unida a la política económica y al fenómeno de la economía llamada informal, lo que queda patente en el desequilibro resultante del diferente peso administrativo de los controles fronterizos respecto a las inspecciones de los lugares de trabajo o de las medidas de expulsión de los trabajadores extranjeros "irregulares" respecto de las sanciones a los empresarios que infringen la ley. El control basado en la exteriorización y criminalización de los inmigrantes como trabajadores "ilegales" es un instrumento clave en el proceso estructural de expansión y transformación del sistema capitalista mundial. Podría hablarse incluso de una "funcionalidad" económica de la "ilegalidad", pues la "irregularidad" de los inmigrados facilita su sobreexplotación, reduce los costes de contratación, fragiliza su posición negociadora frente a patrón y debilita sus posibilidades de oposición a condiciones laborales draconianas e injustas, ahorra costos estatales, a pesar de que los inmigrantes contribuyan a las arcas del Estado al menos con los impuestos indirectos, y dificulta sus posibilidades de organización y reivindicación, aunque en muchas ocasiones también los "regularizados", dada la precariedad del estatuto legal de muchos de ellos, se vean sometidos a condiciones similares. En todo caso, es importante resaltar que la integración de los trabajadores inmigrantes en la economía sumergida supone la preexistencia de ésta, por mucho que ambas realidades se refuercen mutuamente, y no puede verse en la inmigración una "causa" de la economía informal.

¿Son los inmigrantes una "amenaza" para seguridad?

También forma parte de la asociación entre inmigración e "ilegalidad" su vinculación con la criminalidad. La estadísticas oficiales al respecto suelen referirse a "detenciones", pero reflejan el número de actuaciones policiales, lo que no debe ser confundido con el número de personas que supuestamente delinquen, ni debe ser tomado como un indicador de delincuencia sin más, ya que la mayoría de las detenciones no tiene como causa la comisión de un delito o falta. En 1997 el 58,6% de las detenciones se debió a la falta de documentación administrativa y el 6,6% a que las personas estaban reclamadas en otros países. Según el Colectivo Ioé, dejando fuera esos supuestos "delitos", tendríamos un índice del 4% de detenciones sobre el conjunto de extranjeros. Los delitos considerados importantes, como las agresiones sexuales, los asesinatos, homicidios o lesiones, representaban en 1997 sólo 5,2% del total y sorprendentemente entre los detenidos por esta causa no sobresalen los inmigrantes del sur, sino los del Reino Unido (12,2%) y Alemania (8,2%), aunque también China Popular (9,6%), Perú, Polonia y Rumania (más del 7%). En 1996 tan sólo el 4% de los detenidos extranjeros estaba relacionado con delitos de tráfico de drogas. En todos estos casos el grupo más significativo de inmigrantes del Tercer Mundo, los marroquíes, carece de relevancia estadística. Por último, la sobreproporcionalidad de extranjeros condenados (5-6% sobre 2%) no puede ser tomada como índice de una mayor criminalidad, como demagógicamente pretenden algunos, ya que las poblaciones de referencia, los extranjeros y la población en general, presentan diferencias demográficas y sociales que invalidan dicha significación.

¿Nos "quitan" los puestos de trabajo?

Otro aspecto importante de la percepción social del fenómeno migratorio tiene que ver con la posible competición en el mercado de trabajo entre nativos e inmigrantes. Lo primero que cabe decir al respecto es que queda descartada una relación causa-efecto entre inmigración y paro. Ha habido momentos de alto nivel de inmigración y pleno empleo en muchos países de Europa. Todavía hoy los países con más índice de paro son los que reciben menos inmigración (España) y viceversa, los que tienen un mayor número de inmigrantes poseen un índice de paro más bajo (Suiza). Sin embargo, esto no significa que la llegada de inmigrantes no produzca una presión a la baja sobre los salarios y una sustitución de los nativos en determinados tipos de trabajo. Lo que haya de realidad en ello tiene reflejo en ideas de tipo popular que consideran falsamente que el número de puestos de trabajo es fijo y que los inmigrantes "les quitan el trabajo a los nativos".

A pesar de su posible rentabilidad política, una visión tan simplificadora no se sostiene desde el punto de vista económico, pues ni el número de puestos de trabajo es una magnitud fija, ni el mercado de trabajo es un todo uniforme donde los oferentes de mano de obra compiten entre sí sin ningún tipo de trabas. Existen indicios de peso sobre el efecto dinamizador de las migraciones sobre el conjunto de la economía y, por tanto, sobre la creación de empleo, sobre la contención de los niveles salariales y de inflación en períodos de crecimiento, etc.. Por otro lado, la teoría del dualismo del mercado de trabajo propuesta por Piore a comienzos de los setenta puso de manifiesto la segmentación de dicho mercado y la existencia de factores discriminatorios ("raza", género, etc.) que, independientemente de formación y cualificación, dificultan y obstaculizan el acceso de determinados sectores de población a segmentos del mercado laboral mejor retribuidos, con más estabilidad y prestigio reconocido. De este modo se produce una dualización de dicho mercado que impide que los trabajadores inmigrantes y los nacionales compitan entre sí de modo completamente abierto, dado que actúan en segmentos bastante separados, incluso aunque trabajen en el mismo sector o en las mismas empresas. Los trabajos realizados por los inmigrantes, o al menos por la retribución por la que éstos los realizan, no son deseados por los nativos, que o bien previamente los han rechazado, lo que genera la demanda de inmigración, o bien ascienden en la escala de segmentos con la llegada de los inmigrantes. Esto explicaría la etnoestratificación del mercado laboral y la concentración étnica o nacional en ciertos trabajos.

Posiblemente sea necesario matizar esta teoría de la dualización, ya que los factores que hacen más o menos apetecible un trabajo determinado (salario, estabilidad, status, etc.) no siempre son acumulativos y se diferencian notablemente de un sector a otro (p.ej., servicio doméstico, agricultura, etc.) y dentro de los mismos tipos de trabajos. Además, los mecanismos de asignación de empleo son bastante complejos y en ellos intervienen no sólo la regulación jurídica, sino también las redes sociales, incluidas las de los inmigrantes y las de éstos con sus empleadores. Pero lo que sí parece razonable afirmar es que un mercado fuertemente segmentado genera nichos con un grado mayor o menor de exclusividad y que ciertos colectivos se ven constreñidos a pugnar por una gama limitada de empleos. La competición con los nativos se produciría sobre todo cuando después de un período en el que los inmigrantes ocupan reductos étnicos a los que se ven asignados de entrada, los abandonan para competir en segmentos ocupados fundamentalmente por nativos.

Según el Anuario de Estadísticas Laborales de 1999 el total de trabajadores extranjeros afiliados en alta laboral asciende a 334.976 (216.194 varones y 118.604 mujeres), de los cuales 185.088 pertenecen al régimen general, 43.006 al régimen especial agrario y 44.841 al régimen especial de empleadas del hogar. Mientras en este último régimen la presencia femenina es abrumadora, en el agrario lo es la masculina. También predomina en el primero la procedencia de América Central y del Sur y en el segundo el de África, aunque más del 35 % del conjunto de altas laborales corresponden a ciudadanos comunitarios. Por lo que respecta a la presencia de inmigrantes los sectores de actividad más importantes son el agropecuario (33,25 %), el servicio doméstico (14'99 %), la construcción (14,91 %) y la hostelería (11,37).

La vinculación entre permisos de trabajo y de residencia, así como el tipo de vigencia temporal de los mismos, por un lado, y la política de cupos, que orienta la fuerza de trabajo inmigrante hacia ocupaciones específicas del mercado laboral con un índice mayor de irregularidad y precariedad, por otro, ha creado un círculo vicioso de inestabilidad laboral y jurídica, que aumenta considerablemente la vulnerabilidad y la discriminación de los inmigrantes en el mercado de trabajo. De hecho se han creado unos nichos laborales en sectores económicos y tipos de actividad con una presencia destacada de determinados colectivos inmigrantes no comunitarios. Mientras que en el servicio doméstico sólo trabaja un 2,7% de las personas ocupadas autóctonas, lo hace un 31% de las personas ocupadas inmigrantes, procedentes fundamentalmente de Latinoamérica y Asia. También la proporción de personas ocupadas en la agricultura dentro del colectivo inmigrante, fundamentalmente de las procedentes de África, es mayor que en el autóctono (18% y 8% respectivamente). Este fenómeno lo ha calificado I. Wallerstein de "etnización del mercado laboral". Su funcionalidad económica está clara: la pertenencia al grupo social sirve para hacer posibles unos salarios muy bajos para sectores enteros de la fuerza de trabajo.

Además de la discriminación que supone una asignación de los inmigrantes a sectores y actividades con un índice mayor de irregularidad y precariedad, la posición que ocupan los inmigrantes laborales dentro de los respectivos mercados de trabajo, en gran medida condicionada por el tipo de acceso a los mismos, es peor de modo sistemático. En el caso de la agricultura, esto supone una inserción casi exclusiva en la modalidad eventual de trabajo y unas enormes dificultades para la inserción social debidas a la estacionalidad (cambio frecuente de zonas de trabajo, alojamiento en infraviviendas, imposibilidad de reunificación familiar, etc.). En el caso del servicio doméstico, las inmigrantes son empleadas en muy buena parte como "internas", lo que conlleva frecuentemente condiciones de explotación extrema, tanto por los horarios de trabajo, el grado de informalización y los salarios inferiores, como por la dependencia casi total respecto de las familias que las contratan. En la construcción se observa un predominio de la ocupación de los inmigrantes en la categoría de peón no cualificado. Sufren en mucha mayor proporción que los autóctonos la privación de derechos laborales como pagas extra, vacaciones pagadas, etc.

De modo general para todos los sectores y actividades puede decirse que los inmigrantes se ven afectados en mucha mayor proporción que los autóctonos por la informalidad. Según una encuesta del CIS realizada en el primer semestre de 1998, casi la mitad de los inmigrantes encuestados carecía de contrato de trabajo y su relación con los empleadores se basaba en compromisos verbales. La falta de contrato va acompañada en muchos casos de discriminación salarial, de condiciones de trabajo con riesgos para la salud, de jornadas de trabajo abusivas, etc. Asistimos a una nueva forma de esclavitud y de reducción de seres humanos a mano de obra barata y explotable supeditada a las exigencias arbitrarias de los contratantes. Por eso hablar de inmigración en España es imposible sin apuntar a los límites y las contradicciones del proyecto democrático del Estado social de derecho y a la falta de cumplimiento de todos los derechos humanos para todos los seres humanos que habitan en nuestro país.